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Nicaragua reanuda diálogo con la OEA como testigo y con posibles sanciones de la UE

NICARAGUA PROTESTAS | 14 de marzo de 2019

Managua, 14 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua y la oposición extraparlamentaria, con la presencia como testigo de la OEA, retomaron este jueves las negociaciones en medio de la advertencia de "sanciones específicas e individuales" del Parlamento Europeo contra funcionarios y allegados al presidente Daniel Ortega, señalados por violaciones a los derechos humanos.

Las negociaciones, que no contaron con la presencia de la representación estudiantil que forma parte de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fueron reanudadas luego que las partes acordaran la "excarcelación de un núcleo apreciable" de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición.

Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes.

Las negociaciones, que se desarrollan en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), al sur de Managua, habían sido abandonadas por la Alianza Cívica el domingo pasado después de ocho sesiones sin que las partes se hubieran puesto de acuerdo en los temas de fondo, relacionados con la justicia y la democracia.

El Gobierno celebró el retorno de la oposición a la mesa y, según su vicepresidenta Rosario Murillo, "consideramos que estamos en la ruta acordada y en la ruta que reclaman las familias nicaragüenses".

Murillo sostuvo que la delegación gubernamental se sentó "a conversar con agendas que podemos consensuar".

El jefe de los negociadores de la oposición, Carlos Tünnermann, dijo a periodistas que las partes discutirán un cronograma que permita liberar gradualmente a los detenidos por manifestarse contra el presidente Ortega.

"Ese cronograma es uno de los puntos que vamos a ver con la delegación del Gobierno", afirmó Tünnermann, antiguo embajador nicaragüense en Estados Unidos, quien reafirmó que la liberación de todos los "presos políticos" es el punto prioritario de la Alianza.

"Hay un compromiso específico del Gobierno que el día de mañana (viernes) tiene que salir un número apreciable de presos y ese compromiso está atestiguado ante el representante del secretario general de la OEA (Rosadilla) y el nuncio apostólico", señaló.

Fuentes consultadas por Efe confirmaron que los jueces firmaron este jueves la orden de libertad de los primeros detenidos.

Por su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a marchar el próximo sábado en las calles en demanda de la liberación "incondicional y absoluta" de los cientos de detenidos, a pesar de la prohibición emitida por la Policía Nacional para este tipo de manifestaciones.

Movimientos organizados por las víctimas de la crisis, como el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, la Asociación de Madres de Abril, la Coalición Universitaria, entre otros, anunciaron en una rueda de prensa conjunta su respaldo a la convocatoria de esa marcha, que está prevista arrancar a las 14.00 horas (20.00 GMT) de la rotonda Centroamérica y culminar en el monumento Alexis Argüello, una de las avenidas más transitadas del país.

Los organizadores, según explicaron, quieren poner a prueba a Ortega para ver si permite la movilización y si está tomando las negociaciones con seriedad.

Las marchas no oficialistas fueron prohibidas por la Policía Nacional de Nicaragua desde el pasado mes de septiembre cuando amenazó con encarcelar a quienes las promuevan.

La reanudación de las negociaciones se dio el mismo día en que el Parlamento Europeo (PE) pidió sanciones contra el Gobierno de Ortega y los responsables de violaciones de los derechos humanos "hasta que cese la represión" en ese país.

En particular, los parlamentarios europeos pidieron la liberación de "todos los presos políticos" y la convocatoria de unas "elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo".

El PE abogó por "un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos".

Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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La oposición nicaragüense espera la liberación de manifestantes "sin demora alguna"

Managua, 14 mar (EFE).- La oposición extraparlamentaria nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica pidió este jueves al Gobierno de Daniel Ortega la liberación "sin demora alguna" de los "presos políticos", como una muestra de la "buena marcha" de las negociaciones para superar la crisis que vive el país.

"La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno", dijo uno de los negociadores de la Alianza Cívica, el empresario Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones.

Arana, titular de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), explicó que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia decidió regresar a la mesa, de la que se habían retirado el domingo pasado, para terminar "con las excusas del Gobierno para liberar a los presos políticos".

"Es por eso que decidimos regresar a la mesa con un propósito claro y definido, que recoge el sentimiento general de la sociedad nicaragüense", sostuvo.

Afirmó que durante la reanudación de las negociaciones, este jueves, discutieron con los negociadores del Gobierno los "procesos de la liberación de los presos y de los mecanismos que garanticen ese propósito".

Arana aclaró que la excarcelación de los detenidos "es una decisión política del Gobierno y una muestra que permitirá continuar con una negociación integral de todos los puntos de la agenda propuesta de la Alianza Cívica", relativos a elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.

El político y abogado José Pallais, otro de los negociadores de la oposición, dijo que esperan este viernes "una primera liberación de presos políticos, es un gesto unilateral del Gobierno".

Según cifras del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, hay 767 manifestantes antigubernamentales detenidos.

El Gobierno de Nicaragua reconoce 340 detenidos por su participación en el "fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018, y los considera de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

"Hay diferencias en las listas", reconoció Pallais, quien agregó que están tratando de consolidar las cifras.

Consultado sobre la cantidad de detenidos que esperan sean liberados, Pallais dijo que esperan "un número apreciable, como dice el comunicado oficial y estaremos apreciando y valorando mañana".

Por otro lado, la Alianza Cívica valoró las gestiones hechas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su regreso a la mesa de negociación.

"Ha jugado un papel importante en los procesos informales para retomar nuestra presencia en la mesa de negociación", aseguró Arana, quien anunció que la OEA continuará apoyando ese proceso.

Las negociaciones, que no contaron con la presencia de la representación estudiantil que forma parte de la Alianza Cívica, fueron reanudadas luego que las partes acordaran la "excarcelación de un núcleo apreciable" de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición.

Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la secretaría general de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha ocasionado 325 muertos desde abril del año pasado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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