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La crisis de Nicaragua impacta en la migración y el comercio de Centroamérica

NICARAGUA PROTESTAS | 16 de abril de 2019

La crisis de Nicaragua impacta en migración y comercio de Centroamérica 

Costa Rica históricamente ha sido un sitio de acogida para miles de nicaragüenses que han huido de su país por diversas razones, como los conflictos armados internos, especialmente en la década de 1980. EFE/Archivo

Panamá, 16 abr (EFE).- La crisis que estalló hace un año en Nicaragua ha impactado en la dinámica migratoria y comercial de Centroamérica, con la vecina Costa Rica como la más afectada, y ha signado sin mayor estridencia los nexos políticos regionales con la única excepción del caso del Gobierno electo de El Salvador.

El efecto de más peso ha sido, sin duda, la salida de miles de nicaragüenses huyendo de un conflicto que ha dejado cientos de muertos y detenidos, abatido la economía del segundo país más pobre del continente y disparado el desempleo.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró este martes en 62.000 los nicaragüense que han dejando su país en el último año a causa de la crisis sociopolítica, de los que 55.000 han llegado a territorio costarricense.

De acuerdo con Acnur, muchos de los emigrantes nicaragüenses, que en principio eran adultos pero luego fueron familias enteras, han optado por entrar irregularmente a Costa Rica, a cuyo Gobierno la Agencia elogió los esfuerzos en la recepción de estos refugiados.

Costa Rica históricamente ha sido un sitio de acogida para miles de nicaragüenses que han huido de su país por diversas razones, como los conflictos armados internos, especialmente en la década de 1980.

Por la actual crisis han llegado a tierras costarricenses reconocidos dirigentes sociales como Álvaro Leiva, líder de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y única persona a la que hasta el momento se le ha otorgado asilo político.

También el periodista Carlos Fernando Chamarro, quien forma parte de un grupo de comunicadores nicaragüenses que ahora desempeñan la profesión desde Costa Rica; y el exmagistrado Rafael Solís, quien es padrino de bodas de Ortega y Rosario Murillo, actual vicepresidenta.

Un estudio presentado el lunes en San José por la Fundación Arias para la Paz determinó que el 53 % de los nicaragüenses que han llegado a Costa Rica por la actual crisis con estudiantes o profesionales.

Según esa investigación, el ingreso de la mayoría de ellos se dio durante julio, agosto y septiembre pasados, en coincidencia con las llamadas operaciones "limpieza" y "represión selectiva" ejecutadas por las fuerzas de seguridad y grupos afines al sandinismo, de acuerdo con denuncias opositoras y de onegés humanitarias.

La violencia callejera que caracterizó a las etapas iniciales de la crisis, en las que se registraron la mayoría de las víctimas mortales, tuvo sus primeros efectos en el tránsito regional de mercancías debido a los bloqueos en las vías nicaragüenses.

El Gobierno de Panamá llegó a pedir en junio pasado la suspensión temporal de los envíos de bienes por tierra a Nicaragua luego de que más de un centenar de sus transportistas quedó varado en medio del conflicto, una situación que afectó también a la carga de otros países de la región.

En marzo pasado, unas tasas que comenzó a cobrar Nicaragua a las mercancías con destino a ese país o en tránsito fueron tildadas por las Cámaras de Comercio de Centroamérica como "obstáculo" a un comercio intrerregional ya afectado históricamente por la inseguridad en las carreteras y la burocracia en las aduanas.

El Gobierno de Daniel Ortega ha aplicado reformas tributarias y a la seguridad social en busca de fondos luego de que economía se contrajo un 3,8 % en el 2018, según datos del Banco Central.

La situación nicaragüense también ha generado cierta tensión en las relaciones diplomáticas en la región, que lleva años intentando consolidar su unión en todos los ámbitos con el llamado Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).

Los Gobiernos centroamericanos han expresado públicamente que el diálogo entre el Ejecutivo de Ortega y la oposición debe ser la vía para superar el conflicto. Costa Rica y Panamá han dado un paso más allá al pedir que se investigue la muerte de manifestantes.

El gobernante electo de El Salvador, Nayib Bukele, mostró desde la campaña proselitista su rechazo a Ortega, al que califica como "dictador", y anunció que ni el líder sandinista ni los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, serán invitados a su acto de investidura el próximo 1 de junio.

"Dictador es dictador. De derecha o de izquierda", publicó el mandatario electo salvadoreño en su cuenta de Twitter.

Giovanna Ferullo

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La Alianza opositora apoya la protesta en Nicaragua en demanda a la solución de la crisis

Managua, 16 abr (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia respaldó este martes una movilización masiva convocada para mañana en Nicaragua, al amparo de los acuerdos firmados con el Gobierno el 29 de marzo, para demandar una salida pacífica a la crisis que ha dejado cientos de muertos en 12 meses.

"Respaldamos la convocatoria de marcha nacional realizada por estudiantes, jóvenes y organizaciones que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco (también opositora), a realizarse en Managua el día 17 de abril del 2019", informó la Alianza en un comunicado.

Las marchas de los opositores, que reclaman la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras 12 años de Gobierno, están prohibidas por la Policía de Nicaragua, pese a las críticas porque la medida va en contra de la Constitución del país.

El movimiento opositor resaltó que la convocatoria a la marcha "se realiza amparados en los 'Acuerdos para el fortalecimiento de Derechos y Garantías Ciudadanas', suscritos entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la delegación de gobierno el día 29 de marzo de 2019, en el marco de la mesa de negociación, el cual entró en vigencia inmediata a partir de su firma".

La reiteración de la Alianza coincide con su queja de que hasta ahora el Ejecutivo no ha cumplido con su parte, puesto que ha "reprimido" cada protesta antigubernamental.

La Unidad, que aglutina a decenas de movimientos civiles de manifestantes "autoconvocados", anunció la semana pasada que ha cumplido con cada uno de los requisitos para manifestarse de forma pacífica, tanto legales como los exigidos por la Policía, por lo que "no debe haber excusa" para nuevos actos de represión.

La Alianza pidió a la comunidad internacional, así como a los "testigos y acompañantes" de sus negociaciones con el Gobierno entre el 27 de febrero pasado y el 3 de abril, "velar por el correcto desarrollo" de la protesta.

La oposición advirtió al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, "testigos y acompañantes" de las negociaciones, que la suerte de la marcha "nos servirá a todos para evaluar la verdadera voluntad del Gobierno de hacer cumplir sus compromisos".

La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.

La Policía de Nicaragua rechaza convocatoria a una nueva protesta contra Ortega

Managua, 16 abr (EFE).- La Policía de Nicaragua rechazó este martes la más reciente convocatoria de los opositores para una protesta contra el presidente Daniel Ortega, prevista para el miércoles, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario del estallido social en el que cientos de personas han perdido la vida.

La Policía nicaragüense rechazó la convocatoria con el argumento de que las personas solicitantes "estuvieron involucradas en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos fines de semana, en centros comerciales de la ciudad de Managua, en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y recreación".

La convocatoria había sido lanzada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, así como por 50 personas naturales, también opositores, quienes han denunciado, con videos como prueba, que sus protestas son pacíficas hasta que la Policía y paramilitares oficialistas han realizado ataques contra civiles, que incluyen armas de diversos tipos.

La Policía apeló a su ley creadora para rechazar la manifestación, pese a las críticas de expertos juristas y constitucionalistas, que indican que ninguna ley está por sobre la Constitución de Nicaragua, que garantiza la libertad de expresión sin necesidad de licencia.

Con su decisión, la Policía despreció el acuerdo entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de que el Gobierno respetará la Constitución en lo referente a la libertad de expresión y de prensa, firmado el 29 de marzo pasado, en el marco de las negociaciones para superar la crisis.

El rechazo policial se da dos días antes del primer aniversario del estallido social contra Ortega, ocurrido el 18 de abril de 2018, que ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos humanitarios locales señalan hasta 568, mientras que el Ejecutivo reconoce 199.

También se cuentan entre 779 y 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de "lesa humanidad".

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.

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