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El relator especial de ONU urge a Honduras garantizar la independencia judicial

HONDURAS JUSTICIA | 22 de agosto de 2019

El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, el peruano Diego García-Sayán, ofrece una rueda de prensa sobre su visita al país este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 22 ago (EFE).- El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, el peruano Diego García-Sayán, insto este jueves a las autoridades de Honduras a adoptar las medidas necesarias para combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial.

Tras una visita al país, el relator señaló en una rueda de prensa que "la independencia del sistema judicial y otros principios democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras”.

“El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía", subrayó García-Sayán.

Aseguró que problemas como la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que "han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo”.

Señaló además que el marco normativo e institucional de Honduras presenta "contradicciones y lagunas muy graves, a pesar de que sus aspectos fundamentales sean coherentes con los principios de independencia judicial y separación de poderes".

“Como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia”, enfatizó el relator, quien resaltó la necesidad de que "no se siga difiriendo la adopción de la nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial", y que en su aprobación “se garantice la participación de la sociedad y, en particular, de jueces y magistrados”.

Por otra parte, exhortó al Parlamento de Honduras a considerar la posibilidad de revisar el procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como del fiscal general y el fiscal adjunto.

“La transparencia y el escrutinio público deben orientar el proceso de selección de los altos funcionarios del poder judicial y de la fiscalía a través de procedimientos transparentes y que garanticen la participación de la sociedad con miras a examinar detenidamente la independencia, competencia e integridad de los candidatos”, agregó.

Destacó también la importancia de fortalecer las capacidades del país para enfrentar la corrupción, aunque reconoció "los esfuerzos institucionales" que ha hecho el país, como la creación de juzgados y tribunales con competencia nacional para delitos de corrupción y contra la extorsión, así como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que depende del Ministerio Público.

El relator especial instó al poder Judicial y la Secretaría de Derechos Humanos a "fortalecer las medidas de protección para la protección de la vida e integridad de operadores de justicia en riesgo" e "investigue con debida diligencia e imparcialidad y se sancionen las agresiones de distinta índole en contra de operadores de justicia”.

Asimismo, resaltó la función "invalorable" que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende la Organización de Estados Americanos (OEA), ha prestado desde su instalación, en abril de 2016, al sistema de justicia nacional.

El relator espera que el Gobierno hondureño renueve el mandato de la Maccih, la primera iniciativa del organismo para combatir la corrupción en un Estado miembro, y fortalezca sus funciones en el país centroamericano.

Ese ente se creó con un convenio para que actuara durante un periodo de cuatro años, por lo que dejará de operar en enero de 2020 si el Ejecutivo hondureño no accede a renovar su mandato.

Durante su misión, García-Sayán se reunió con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, jueces y magistrados, empresarios, académicos y representantes de sociedad civil, y tiene previsto presentar un informe completo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.

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