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Blindar derechos básicos en la Constitución, el anhelo de la calle en Chile

CHILE PROTESTAS | 12 de noviembre de 2019

Manifestantes se enfrentan con las Fuerzas Especiales de Carabineros, durante otra jornada de protestas en Santiago (Chile). EFE/ Orlando Barría

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El blindaje de derechos básicos como la salud y la educación en una nueva constitución es el gran anhelo de los millones de manifestantes que llevan más de tres semanas ocupando las calles en Chile y pidiendo el fin de la desigualdad y del modelo neoliberal implantado en la dictadura.

En un nuevo intento por aplacar la mayor crisis social de la historia reciente de Chile y con un nivel de aprobación de apenas el 15 %, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera se abrió el domingo a iniciar un proceso constituyente, un anuncio que fue recibido con cierto recelo en la sociedad, dado el eterno rechazo de la derecha a cambiar la Carta Magna.

Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental chilena es concebida como el origen de la gran desigualdad que afecta al país, ya que favoreció la privatización de sectores esenciales como la salud, la educación o las pensiones.

"UNA CONSTITUCIÓN PARA LOS RICOS"

"El Estado cumple un rol subsidiario y siempre prevalece el negocio frente a los derechos básicos", denunció a Efe el joven Vicente Villalobos, quien tuvo que solicitar un abultado crédito para poder acceder a la universidad y sueña con una educación gratuita y de calidad.

Para la terapeuta Carola Marín, es poco creíble que Piñera, uno de los empresarios más ricos del país, quiera redactar una nueva constitución porque sería "tirar piedras contra su propio tejado", pues la Carta Magna fue elaborada para engrosar los bolsillos de la clases altas y "hacer a los pobres más pobres".

"Hoy en día la gente se endeuda para comer y se muere porque no tiene dinero para ir al hospital", agregó a Efe esta profesional de 40 años que acude cada tarde desde el pasado 18 de octubre a la Plaza Italia, la rotonda que se ha convertido en el epicentro del estallido social chileno, que ya deja 20 muertos y miles de heridos y detenidos, además de denuncias por abusos policiales y torturas.

Pese a haber reducido la pobreza en las últimas décadas y haber alcanzado altas cifras de crecimiento económico, Chile sigue copando los primeros puestos en las clasificaciones de los países más desiguales del mundo. Siete de cada diez trabajadores perciben menos de 750 dólares al mes y la mitad de los jubilados recibe una pensión mensual de 250 dólares.

"El sistema de pensiones actual es realmente salvaje y humillante", aseguró a Efe el fontanero Luis Tureó, de 60 años y considera que la nueva constitución debe "prohibir los negocios con las pensiones" e implantar un sistema de reparto, opuesto a la actual capitalización individual.

"Chile no es ejemplo de nada", añadió la joven Javiera Gómez, para quien también es fundamental proteger constitucionalmente los recursos naturales, reconocer a los pueblos indígenas y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Para muchos expertos, como Octavio Avendaño, profesor de Sociología de la Universidad de Chile, la única manera de conseguir un país más justo pasa por emular los modelos europeos y "acabar con la concepción de un Estado subsidiario y con la sacralización del derecho de la propiedad".

LA CONSTITUCIÓN, UN BEST SELLER

La demanda de una nueva constitución ha estado presente desde el inicio de la crisis, pero ha ido cogiendo fuerza en los últimos días hasta el punto de que la Ley Fundamental es uno de los libros más vendidos en el país: "He ido a varias librerías y está agotada", reconoció a Efe un fotógrafo chileno.

La encuesta Cadem señaló en su última entrega que casi el 80 % de los chilenos está a favor de un nuevo texto, aunque el Gobierno no ha definido aún cuál será el mecanismo para hacerlo.

"El proceso no puede quedar en manos del actual Congreso por el alto descrédito que despierta en la ciudadanía", indicó Avendaño, quien se decantó por organizar un plebiscito y convocar una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la mayoría de los manifestantes.

La Constitución chilena se ha reformado más de 40 veces en los últimos años, pero ningún gobierno ha conseguido cambiar su esencia neoliberal por las altos cuotas parlamentarias que se requieren. La expresidenta Michelle Bachelet intentó un fallido proceso constituyente durante su segundo mandato (2014-2018).

El catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) Javier Couso explicó a Efe que Chile tiene una de las constituciones "más difíciles de cambiar del mundo" y que su ideólogo, el asesinado Jaime Guzmán, llegó a decir que su nivel de blindaje es tal que "si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría".

"Parecía algo imposible, pero estamos viviendo algo histórico y asistiendo al comienzo del fin de la Constitución de Pinochet", concluyó Couso.

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Médicos cuestionan el programa del Gobierno de Chile de reparación ocular

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- El gremio de médicos cuestionó este martes un programa de reparación ocular gratuito lanzado por el Gobierno de Chile y dijo que la solución no pasa por reparar a las víctimas, sino por prohibir el uso de balines para contener el estallido social que vive el país desde hace más de tres semanas.

"Este programa es lo mínimo que puede hacer el Estado chileno. Al tratarse de lesionados por agentes del Estado, es sumamente necesario y casi una obligación hacerse cargo de la reparación física y psicológica de los ciudadanos que han sufrido daños en los ojos", dijo a Efe la presidenta del Colegio de Médicos, Izkia Siches.

La crisis social chilena, la más grave desde el retorno de la democracia en 1990, se ha cobrado ya la vida de al menos veinte personas -cinco de ellas a manos de las fuerzas de seguridad- y ha generado miles de heridos, muchos de ellos con traumas oculares.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, la cifra de personas con lesiones oculares asciende a 197 y diversos organismos internacionales han pedido a los agentes que dejen de usar balines y perdigones de manera arbitraria e indiscriminada durante las manifestaciones.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el lunes la implementación de un programa destinado a los heridos oculares que incluye "atención médica, estética y funcional, además de apoyo psicológico" y que será "gratuito" para todas las víctimas, independientemente del seguro médico que tengan.

Para la doctora, el programa "no es una solución considerando que el daño lo provoca el propio Estado de Chile" y requiere de mayores explicaciones para detallar su alcance.

Siches se sumó a las demandas que piden el fin del uso de armas no letales y dijo que el número de heridos que deja el estallido social, que comenzó el pasado 18 de octubre en respuesta a un alza en el precio del metro pero que se transformó luego en un clamor popular contra la desigualdad y el Gobierno, "avergüenza a nuestro país a nivel internacional".

La doctora recordó además el caso de un universitario de 21 años que se ha convertido en el símbolo de la represión de las fuerzas seguridad, ya que el domingo recibió disparos de balines en sus dos ojos y hay altas probabilidades de que pierda totalmente la visión.

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