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Nicaragua nacionaliza empresa de un hijo de Ortega, sancionada por EE.UU.

NICARAGUA PETRÓLEO | 15 de diciembre de 2019

Vista a una de las estaciones de servicios que pertenecen a la familia Ortega-Murillo hoy, sábado, que hacen parte de las empresas sancionadas por EEUU, en Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) autorizó este sábado al Estado la nacionalización de una de las empresas manejadas por Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, que fue recién sancionada por Estados Unidos. EFE/Jorge Torres

Managua, 14 dic (EFE).- La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento) autorizó este sábado al Estado la nacionalización de una de las empresas manejadas por Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, que fue recién sancionada por Estados Unidos.

La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente, fue aprobada con 73 votos de los sandinistas y sus aliados, dijo en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

La Ley traspasa los inventarios de la sancionada Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), bajo el control del hijo mayor de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al Estado de Nicaragua.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado del dinero".

"Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega".

Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua".

Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

En la iniciativa, el presidente Ortega calificó esas medidas, sin mencionarlas, como "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas".

La Ley, explicó, pretende "evitar que la satisfacción de los intereses colectivos de la sociedad nicaragüense puedan verse vulnerados, en este caso el suministro confiable continuo, eficiente, seguro, adecuado e ininterrumpido de los combustibles y los productos derivados del petróleo".

La Ley básicamente traspasa todos los inventarios de DNP al Estado de Nicaragua, que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse de su administración.

Para tal fin, declaró "de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo propiedad de la empresa" DNP y que sus inventarios pasan a ser propiedad estatal.

La Ley también ordena garantizar la continuidad de los inventarios, la distribución y el suministro de combustibles y productos derivados del petróleo en el país.

Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas; a la vicepresidenta Murillo, y a otro de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.

Estados Unidos ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de "la troika de la tiranía" en Latinoamérica.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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