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Un tribunal australiano avala un registro policial en la cadena televisiva ABC

AUSTRALIA PRENSA | 17 de febrero de 2020

Manifestantes exigen la protección de libertad de prensa a las puertas del Ministerio de Comunicaciones en Sídney (Australia), en junio de 2019, tras el registro de la cadena pública australiana ABC a manos de la policía australiana la semana anterior. EFE/ Joel Carrett

Sídney (Australia), 17 feb (EFE).- Un tribunal australiano denegó hoy una demanda de la cadena pública de televisión ABC para que declarase no válidos los registros que la policía hizo en junio pasado en sus oficinas de Sídney por la filtración de documentos secretos que comprometían al Gobierno.

La acción policial, criticada como un intento de silenciar a la prensa, respondió a la publicación en 2017 de los llamados "Archivos afganos", que revelaban supuestos crímenes cometidos por las fuerzas de élite australianas desplegadas en Afganistán.

La juez Wendy Abraham del Tribunal Federal argumentó que la Policía Federal pidió la cooperación de ABC y que los registros se realizaron con presencia de los abogados de la cadena y el acceso a los archivos se hizo a través de un empleado.

"Dada la comunicación entre las partes y los acontecimientos que condujeron a la ejecución de los registros, no puede haber dudas de que el objetivo de la orden judicial estaba vinculado a los delitos relacionados con los Archivos afganos", indicó la magistrada en su fallo.

El registro de las dependencias de ABC tuvo lugar un día después de que la policía realizara otro en la vivienda de la periodista Annika Smethurst, que publicó una información sobre los planes del Gobierno australiano de dar más poderes a las agencias de inteligencia para espiar a los ciudadanos.

A raíz de la polémica, el fiscal general de Australia, Christian Porter, anunció el pasado mes de septiembre una serie de medidas para proteger a los periodistas que divulguen información sensible de seguridad o defensa, con el fin de que solo puedan ser procesados en casos extremos.

Porter indicó que si el Ministerio Público considera que se debe juzgar a un periodista deberá "requerir el consentimiento del fiscal general como una salvaguardia separada y adicional", aunque no mencionó a los periodistas afectados por los registros de junio ni descartó para ellos un posible proceso judicial.

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