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Nicaragua vive una jornada de detenciones y EE.UU. sanciona a un hijo de Ortega

NICARAGUA PROTESTAS | 17 de abril de 2019

Integrantes de la Policía Nacional nicaragüense patrullan un tramo de la carretera entre Managua y Masaya este miércoles 7 de abril de 2019, en Managua (Nicaragua). EFE

Managua, 17 abr (EFE).- Los nicaragüenses que desde hace un año protestan en las calles contra el Gobierno de Daniel Ortega fueron este miércoles impedidos de marchar por la Policía, que detuvo a 67 personas, incluido un periodista, en una jornada en la que EE.UU. anunció sanciones contra uno de los hijos del mandatario.

Cientos de ciudadanos de la capital nicaragüense salieron a las calles a atender el llamado de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco que invitó a marchar en una de las principales avenidas de Managua en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018.

Efe pudo constatar cómo un fuerte contingente de agentes antidisturbios rodearon a un grupo de manifestantes que se alistaban a marchar, mientras otros eran detenidos y golpeados.

Los organizadores reportaron 67 detenidos por intentar participar en la movilización contra el presidente Ortega.

Entre los detenidos estaba tres mujeres y el periodista Abixael Mogollón, quien fue capturado mientras cubría el suceso y liberado horas después y tras sufrir, según ha denunciado, "torturas, manoseo y robo" de sus pertenencias por parte de la Policía Nacional.

A pesar de insistir en que cubría el suceso como reportero de la web Artículo 66, una pareja de policías lo obligó a dejar de grabar, le arrebataron el teléfono y lo metieron en una cárcel móvil, donde un joven oficial lo agarró a golpes, según relató.

Hasta la tarde de este miércoles únicamente se conocía de 6 personas puestas en libertad tras ser capturadas por policías y paramilitares afines al Gobierno, según la Unidad.

Las capturas ocurrieron en la víspera del primer aniversario del estallido social del 18 de abril de 2018, y tres semanas después de que el Gobierno se comprometiera en una mesa de negociación para superar la crisis a respetar los derechos y las garantías ciudadanas.

Antes de la intervención policial, varios nicaragüenses habían acudido en pequeños grupos a la convocatoria de la Unidad para protestar contra Ortega, pero un fuerte despliegue de policías en Managua impidió que se reunieran.

La Policía había rechazado la convocatoria de la protesta contra Ortega, tal como lo ha hecho desde septiembre pasado en el marco de la crisis.

El ambiente previo a las detenciones se mantuvo tenso en Managua y otras ciudades del Pacífico de Nicaragua como producto del despliegue policial.

Si bien la Policía logró impedir la marcha, tuvo poco éxito en detener las protestas, ya que diferentes grupos de manifestantes realizaron "piquetes express" (manifestaciones efímeras) en distintos puntos de Managua.

Durante la jornada, Estados Unidos anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, "quien ha sido preparado como sucesor por el régimen", según informó en Miami el asesor presidencial John Bolton.

Ortega Murillo, representante de la agencia oficial de inversión y exportaciones ProNicaragua, que fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está "involucrado en una gran corrupción bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua", enfatizó Bolton.

"Vamos por los bolsillos de la familia de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense", aseguró.

El Departamento del Tesoro "está sancionando a Laureano Ortega Murillo y BanCorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega", explicó en un comunicado Sigal Mandelker, el subsecretario de Hacienda para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera.

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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