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Suspendido el juicio de Bankia al menos dos semanas por ausencia de la fiscal

JUICIO BANKIA | 11 de enero de 2019

Fotografía tomada de la señal de televisión institucional de la Audiencia Nacional, con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, ante la sección cuarta de la sala de lo Penal. EFE

Madrid, 11 ene (EFE).- La Audiencia Nacional ha acordado suspender las sesiones del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, las cuales se retomaban el lunes, al menos durante las dos próximas semanas por motivos de salud de la fiscal del caso, Carmen Launa.

Según han informado fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal ha remitido un oficio a la Fiscalía Anticorrupción a fin de que informen en qué fecha el juicio podría contar con un nuevo representante del Ministerio Público.

Apuntan, además, de que el fiscal jefe Alejandro Luzón, encargado del caso durante la instrucción y autor del escrito de acusación provisional, no podrá sustituir a su compañera por razones inherentes a su cargo.

A tenor de la providencia a la que ha tenido acceso Efe, la fiscal deberá ser intervenida el próximo lunes, tal como se lo ha comunicado vía telefónica al tribunal el propio Luzón, que "no dispone de otro representante que pueda sustituirla debido a la gran complejidad de la causa".

Estaba previsto que ese día se retomara el juicio por el debut bursátil de Bankia, en la que iba a ser la tercera sesión del interrogatorio al expresidente de la entidad Rodrigo Rato para el que Anticorrupción solicita cinco años de cárcel por estafa a los inversores.

La incorporación pública de Launa al procedimiento se produjo el pasado 26 de noviembre, en una jornada, la primera de la vista, en la que estuvo acompañada en el estrado por Luzón.

Especialmente notoria resultó su exposición de cuestiones previas, en la que anunció un posible cambio de calificación del escrito inicial, que sólo se dirige contra Rato y los otros tres exadministradores de hecho del banco, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú por estafa a los inversores.

Con ello, abría las puertas a ampliar los cargos inicialmente atribuidos y contemplar un posible delito de falsedad contable que afectaría a la treintena de exdirectivos del grupo financiero y al socio auditor, que se enfrentan a penas de hasta doce años de cárcel solicitadas por las acusaciones particulares y populares.

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