Juez federal en Texas bloquea otra partida de Trump para el muro fronterizo

EEUU MURO | 11 de diciembre de 2019

Fotografía de archivo de unos trabajadores finalizan un trozo del muro fronterizo que separa México de Estados Unidos en el paso de Deconcini en Nogales (Arizona). EFE/Gary Williams/Archivo

Washington, 10 dic (EFEUSA).- Un juez federal en Texas bloqueó este martes una partida de 3.600 millones de dólares que el presidente del país, Donald Trump, había destinado a la construcción de su muro fronterizo con México.

El magistrado, David Briones, con tribunal en El Paso y nombrado en el cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-1999), dijo que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.

Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.

Con estos 3.600 millones de dólares, el Gobierno de Trump tenía previsto levantar 175 millas (unos 280 kilómetros) de valla fronteriza que forman parte de última promesa de dejar listas 450 millas (unos 725 kilómetros) de muro para finales de 2020.

Los demandantes -entre ellos el condado de El Paso- defendieron que el nuevo muro perjudicaría la reputación de la ciudad y que la comunidad lo rechazaba.

La demanda en El Paso forma parte de un amplio número de querellas que grupos a lo largo y ancho del país han presentado contra la decisión del Gobierno de desviar fondos asignados por el Congreso a otros departamentos a la construcción del muro.

En noviembre, por ejemplo, un grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes y ecologistas presentó una demanda ante un juez en Oakland (norte de California) con el mismo propósito.

Ese magistrado, Haywood Gilliam, ya había bloqueado otra de las partidas de la emergencia nacional, de 2.500 millones, pero el Tribunal Supremo suspendió después y de manera temporal esa decisión autorizando al Gobierno a utilizar los fondos.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva ni entra a valorar la legalidad de la desviación.

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