La SIP alerta del riesgo de criminalizar a la prensa mexicana por difamación

MÉXICO PRENSA | 17 de enero de 2020

Christopher Barnes is new IAPA president, speaks during the closing ceremony of the General Assembly of the Inter American Press Association (IAPA) in a lunch offered by EFE at Biltmore hotel in Coral Gables, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera/File

Miami, 17 ene (EFE News).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó este viernes como un retroceso en México la posibilidad de castigar como delito penal la difamación "retrotrayendo al país a épocas en que los periodistas podían ir a la cárcel por ejercer su derecho a informar, criticar u opinar".

La SIP, con sede en Miami, solicitó al Gobierno y al poder legislativo en México que durante la discusión de la posible reforma en febrero ante el Senado de la República, "observen y mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión".

Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de esa organización instaron al gobierno mexicano observar la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordaron que el documento consigna que "la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles".

Por décadas, la SIP junto a otras organizaciones dedicadas a la libertad de prensa han exhortado a los gobiernos a despenalizar la difamación para evitar que las penas de cárcel puedan ser utilizadas para neutralizar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa.

En 2007, esta entidad regional había expresado su beneplácito cuando México despenalizó la difamación, "ayudando a crear una tendencia favorable a la libertad de prensa en América Latina".

En las Américas varios países han despenalizado la difamación: Argentina, Bermudas, El Salvador, Grenada, Jamaica, México, Panamá y Uruguay.

Chile y República Dominicana lo han hecho parcialmente, mientras que en Honduras y otros países de la región existen proyectos legislativos para que los delitos contra el honor también se disputen solo en tribunales civiles.

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