Incertidumbre ante choque entre Gobierno y Junta por acuerdo con acreedores

PUERTO RICO DEUDA | 21 de febrero de 2020

La licenciada Wanda Vázquez Garced, juramenta el cargo de gobernadora en San Juan (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 21 feb (EFE News).- El choque entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el acuerdo alcanzado entre esa entidad y parte de los acreedores crea incertidumbre a una semana de la presentación por parte de la entidad de control del plan de ajuste enmendado para la deuda.

El expresidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico José Caraballo señaló este viernes a Efe que, en su opinión, JSF y Gobierno tendrán que sentarse a negociar una vez que la falta de consenso entre las dos partes dibuja un escenario complicado en el que el enfrentamiento podría continuar en los tribunales con consecuencias impredecibles.

El choque entre el Ejecutivo liderado por Wanda Vázquez y la JSF, una entidad de control al Gobierno local impuesta en 2016 por Washington para afrontar el asunto de una deuda impagable, tiene como origen el pasado día 9, cuando fue comunicado públicamente un nuevo acuerdo con acreedores con más de 8.000 millones de dólares en bonos de deuda del Gobierno central.

El Ejecutivo de Vázquez reaccionó de forma inmediata a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), que presentó una moción ante la jueza federal Laura Taylor,responsable de la reestructuración de la deuda.

El Gobierno -descontento por el perjuicio que asegura causa a los pensionistas del sector público- defiende que el acuerdo alcanzado entre la JSF y el grupo de acreedores no es posible sin el consentimiento del Ejecutivo de San Juan, además de ser necesario que se apruebe legislación para hacerlo realidad.

La JSF señala por su parte que no necesita la aprobación del Gobierno para alcanzar el acuerdo y que este se incluirá en un nuevo plan de ajuste para la deuda que será presentado la próxima semana.

La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), aprobada por el Congreso en Washington para dar solución al asunto de la deuda, establece que los tribunales verifiquen que los proponentes del plan -la JSF- han obtenido una aprobación legislativa, según expuso el Gobierno a la jueza federal Taylor.

Carballo asegura que el Gobierno hace bien en defender el interés de la población y que el pago de deuda que propone la JSF "es insostenible" para las posibilidades económicas de Puerto Rico.

El economista subrayó además que el acuerdo alcanzado supone una quita -rebaja de una cuantía de la deuda con la intención de evitar el impago de la totalidad- del 30 %, en su valoración muy generosa para los acreedores.

El acuerdo al que se refería cuenta con el aval del 45 % de los acreedores y busca reducir la deuda de 35.000 millones de dólares en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Administración de Edificios Públicos (AEP) a 11.000 millones.

A pesar del rechazo por parte del Gobierno, la JSF se mueve en la dirección de presentar la próxima semana un plan de ajuste enmendado al original de la deuda -que incluya el acuerdo- con el objetivo de que Puerto Rico salga de la bancarrota durante el año en marcha.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reconoció que el plan de ajuste para el Gobierno hará necesario la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, por lo cual ya se reunió con los presidentes de las dos cámaras legislativas.

El enfrentamiento sigue a otro entre las dos partes después del acuerdo alcanzado para la reestructuración de la deuda de la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), rechazado por el Ejecutivo por suponer un alza de las tarifas eléctricas.

El próximo paso es que la JSF presente antes del día 28 del presente mes un plan de ajuste de deuda para el Gobierno central y agencias públicas, que establecerá el tratamiento que se dará a los bonos emitidos por el Estado Libre Asociado.

Este plan incluirá los nuevos términos y el tratamiento a acreedores y tenedores de bonos, según lo pactado con la JSF.

Una vez presentado el plan, el tribunal responsable de caso abrirá un periodo para presentación de alegaciones para las partes antes de pronunciarse.

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