Hospitales de Oregón denuncian que ley de "carga pública" es un paso atrás

CARGA PÚBLICA | 25 de febrero de 2020

US President Donald Trump speaks at a rally in Colorado Springs, Colorado, USA, 20 February 2020. On 03 March 2020 Colorado will hold its first presidential primary election since 2004. EFE/EPA/Bob Pearson/File

Portland (OR), 25 feb (EFE News).- Una asociación que representa a los hospitales de Oregón denunció este martes que la ley federal de "carga pública" pone en riesgo la salud de los migrantes y es un paso atrás en lo que supone el acceso sanitario para las personas en general.

La Asociación de Hospitales y Sistemas de Salud de Oregón (OAHHS, en inglés), advirtió que la nueva regla federal podría poner en peligro el acceso a la salud de quienes busquen modificar su estatus migratorio legal en el país.

La Administración de Donald Trump empezó a aplicar desde el lunes la norma de "carga pública", por la que los migrantes que opten a la residencia permanente, busquen cambiar su estatus o aspiren a un visado están sujetos al escrutinio del Gobierno para determinar si utiliza o puede llegar a requerir en el futuro de beneficios públicos para subsistir.

Según la OAHHS, la ley de "carga pública" obliga a las familias migrantes legales a tener que decidir entre inscribirse en la cobertura de atención médica o buscar la ciudadanía.

"Los hospitales y sistemas de salud de Oregón trabajan todos los días para brindar atención a quienes lo necesitan y garantizar que los pacientes tengan acceso a programas que brindan servicios críticos", dijo Becky Hultberg, presidenta y directora ejecutiva de OAHHS.

"Si bien la inscripción de personas en la cobertura del seguro es de importancia crítica, dada la regla de la carga pública, los hospitales reconocen y comprenden el riesgo para las personas y las familias que buscan el estado de residencia permanente, ya que podría poner en peligro su ciudadanía", se lamentó Hultberg.

Los hospitales de Oregón dijeron que se unen a otros proveedores de atención médica, sindicatos y activistas de derechos civiles en la denuncia de la norma, a la que califican como un "paso atrás" en el acceso a la cobertura sanitaria.

La asociación estimó que el acceso a la cobertura médica no debería poner en peligro el estado legal permanente de las personas que viven y trabajan en Oregón y reiteró que la ley tendrá un impacto negativo en la salud de los migrantes legales.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.

El Supremo había dejado antes sin efecto fallos en contra de esta normativa de cortes de Nueva York, California, Washington y Maryland.

No se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) o quienes posean cierto tipo de visado, entre otros.

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